En transparencia, Jalisco escondido

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Por Rubén Alonso

Publicado originalmente el 16 de febrero de 2015 en el periódico Milenio Jalisco.

La ley reglamentaria del artículo 6° Constitucional en materia de acceso a la información pública (transparencia gubernamental) deberá ser tal que propicie el ejercicio de dicho derecho fundamental; la norma debe estar hecha desde quien es el depositario originario, no desde quien debe y tiene la obligación de tutelar, garantizar y promover.

La creación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que el Congreso de la Unión debió aprobar el pasado sábado 7 de febrero, está entrampada en puntos sustantivos que técnicamente dejarían, en caso de proceder, el control del acceso a la información a la voluntad de quien genera y resguarda información pública. Plazos y causales de reserva, prueba de daño, fundamentación y motivación para declarar la “inexistencia” de información solicitada, la inatacabilidad y definitividad de las resoluciones del órgano garante, el Ifai, son los puntos desde los cuales la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República aborda en sus observaciones a la iniciativa consensuada con organismos de la sociedad civil para la ley reglamentaria del artículo 6° Constitucional, y presentada el 2 de diciembre de 2014 en el pleno del Senado de la República.

Colectivo por la Transparencia, que integra entre otros a Fundar, Equipo Pueblo, Cimtra, Iniciativa Ciudadana, Sonora Ciudadana, Artículo 19, la Red por la Rendición de Cuentas, ha levantado la voz: “¡Legisladores! No destruyan la Ley General de Transparencia” (http://colectivoporlatransparencia.org)

En el fondo de las cuestiones técnico-legislativas está la perversión de los instrumentos jurídicos para garantizar derechos fundamentales: se construyen desde el ejercicio del poder público y para el poder público, no a la inversa. Quienes ejercen el poder público buscan autoprotegerse, embriagados de estulticia, pues olvidan que hoy están ahí, y mañana estarán del otro lado.

Aunado a ello, el debate se ha centrado más en el centro del país. Salvo organizaciones de Sinaloa y Sonora, el resto de las entidades y en particular órganos garantes locales, han hecho mutis; están a la espera de lo que decida el centro. Lo triste es que Jalisco, que en otrora fue pionero, vanguardia, como en el tema de la definitividad e inatacabilidad de resoluciones del órgano garante, esté borrado, sustraído y escondido.

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