Las posibilidades de la transparencia

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Por Bernardo Masini Aguilera

Publicado originalmente el 5 de mayo de 2016 en Jaque del Diario NTR.

En México tenemos algunas buenas leyes. De hecho las hay tan buenas que han servido de ejemplo a países que han atravesado situaciones sociopolíticas similares a las nuestras, como es el caso de la legislación electoral. En materia de transparencia las cosas van por ese tenor. Los ajustes normativos que comenzaron el año pasado con la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública han sentado bases para levantar y estandarizar el nivel del cumplimiento de uno de los derechos más elementales de cualquier ciudadano: saber quién y cómo toma las decisiones que delinean la vida comunitaria. La reciente aprobación de una nueva ley federal, así como la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia deben ser pasos en esa dirección.

El problema con las leyes es que están asentadas en papel o en archivos digitales, y no pueden por sí mismas asegurar su cabal cumplimiento. Este siempre dependerá de las instituciones o los individuos referidos en ellas. Ese detalle – nada sutil – ha dado lugar a diferencias abismales en las condiciones de acceso a la información entre ciudadanos de todo el país. La calidad de las leyes es solo un componente de un sistema complejo y dinámico, en el que la voluntad de la clase gobernante; el conocimiento que tiene el ciudadano de sus propios derechos; y hasta la pericia de los burócratas encargados de hacerlos valer pesan tanto o más que las leyes mismas.

En ello radica el reto que se abre en esta nueva etapa del acceso a la información pública en México. Los distintos institutos en cada uno de los estados tendrán que ganar un mayor posicionamiento en sus respectivos mapas políticos, sin caer en protagonismos que entorpezcan procesos. Deberán contar con plena independencia respecto a los poderes locales tanto para fungir como órganos garantes como para echar a andar fuertes campañas de alfabetización ciudadana. Por bien asentado que esté en una o en varias leyes, un derecho no es tal mientras sus beneficiarios lo desconozcan y, por ende, no lo ejerzan. La transparencia debe convertirse en tema de las clases de Civismo desde la secundaria, y los mecanismos de solicitud de información deben ser del dominio público.

Hasta hoy las herramientas de consulta han sido aprovechadas primordialmente por periodistas, investigadores o estudiantes universitarios. El resto de los ciudadanos han hecho un uso más bien magro de su derecho, a veces por ignorancia de su utilidad potencial. Las reformas recientes abren una gran oportunidad para acercar a cualquier persona a la administración pública. En la misma medida, y por la misma razón, el crecimiento de la cultura de la transparencia inhibe prácticas discrecionales y actos de corrupción de parte de los funcionarios públicos. A mayor vigilancia ciudadana, menor margen de maniobra para la transa y la deshonestidad que hemos lamentado toda la vida de parte de nuestras autoridades.

La Plataforma Nacional de Transparencia es uno de los aspectos más relevantes de la reforma, pues homologará en un solo espacio electrónico las herramientas de solicitud de información que hasta hoy habían dependido de cada uno de los institutos estatales, aunados a la plataforma Infomex que administraba el Inai. Ya no será necesario registrarse en cada una de las páginas de los estados más la herramienta federal, ni lidiar con las virtudes y los defectos de sus respectivas interfaces. Una sola identidad y una misma contraseña nos permitirán hacer solicitudes en la unidad de transparencia de cualquier instancia pública del país.

Se trata de un gran paso, pero como es sabido, el desarrollo tecnológico avanza a velocidades aún mayores. No debería ser difícil crear una aplicación para hacer solicitudes de información a través de teléfonos inteligentes. Podría reinstaurarse algún sistema de notificación de avances en el proceso de una solicitud, como de hecho ocurría con Infomex Jalisco antes del penoso episodio de la ley aprobada – sin leerse ni discutirse – en diciembre de 2011. Se trata de aspectos relativamente sencillos en materia tecnológica. No lo serán tanto en materia de voluntad política.

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