Reforma sin consecuencias a la Ley Federal de Cinematografía

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Por Israel Tonatiuh Lay Arellano

Publicado originalmente en el número de marzo de 2016 de la revista Zócalo.

En el mes de septiembre de 2015, Enrique Peña Nieto envió una iniciativa para crear la Secretaría de Cultura federal. De acuerdo con el argumento de la propia Presidencia de la República, la nueva institución tendría como objetivo diseñar y supervisar la política nacional de cultura. Por ello, la propuesta implicaba también la modificación de una veintena de leyes federales, entre ellas la cinematográfica. La minuta final se aprobó por la Cámara de Senadores el 15 de diciembre de 2015 y el decreto fue publicado dos días después en el Diario Oficial de la Federación.

De la Ley Federal de Cinematografía fueron reformados tres artículos: el 41, 52 y 53, aunque sin modificaciones sustantivas, pues sólo se cambió a la Secretaría de Educación Pública por la nueva Secretaría de Cultura. Por otro lado, las atribuciones originalmente atribuidas a la SEP en estos artículos siempre fueron letra muerta, no sólo porque parecían estar fuera de lugar sino porque curiosamente no se le otorgaban real autoridad para sancionar las omisiones o violaciones correspondientes. La reforma, sorprendentemente, se limitó a intercambiar la nomenclatura pero sin darle a la nueva Secretaría de Cultura las herramientas para poder llevar a cabo esta encomienda, ya que los objetivos de los tres artículos sí conciernen a esta.

El artículo 41 señala entre sus atribuciones: Fomentar y promover la producción, distribución, exhibición y comercialización de películas y la producción fílmica experimental; y fortalecer, estimular y promover por medio de las actividades de cinematografía, la identidad y la cultura nacionales. El artículo 52 estipula explícitamente que las sanciones enumeradas en la Ley son de competencia de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Gobernación; mientras que al artículo 53 estipula que los infractores del artículo 27, 39 y 40 serán sancionados exclusivamente por la Secretaría de Cultura. En ambos casos no aparecen en la ley las herramientas necesarias para llevar a cabo tales sanciones.

Sabemos que desde hace algunos años la producción fílmica ha recuperado terreno, en gran parte gracias a los apoyos del Fidecine, el Foprocine y el Eficine (Artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta). Por ello, en 2013 se produjeron 126 largometrajes, en 2014, 130 y en 2015, 140. Sin embargo, la distribución y la exhibición continúan siendo un obstáculo intencional para cinematografía nacional. Desde la reforma de 1999, el artículo 11 señala que “los integrantes de la industria cinematográfica se abstendrán de realizar todo acto que impida el libre proceso de competencia y de concurrencia en la producción, procesamiento, distribución, exhibición y comercialización de películas cinematográficas” y que la Comisión Federal de Competencia “investigará, resolverá y sancionará, de oficio o a petición de parte, toda práctica monopólica o concentración que ocurra dentro de la industria cinematográfica nacional”.

Sin embargo, a la fecha ni la Comisión Federal de Competencia ni la SEP (antes del 17 de diciembre) fueron capaces (o no quisieron serlo) de sancionar a las distribuidoras cinematográficas por este tipo de prácticas que afectan a los pocos exhibidores independientes que quedan el el país, negándoles material en fechas de estreno o condicionándolos a los llamados “paquetes combo”, aunque ello además esté prohibido explícitamente en el artículo 17, también vigente desde 1999.

En cuanto al fomento a la exhibición de cine mexicano, el Capítulo VII de la actual legislación contempla estímulos para los empresarios de este sector que dediquen su tiempo en pantalla al cine nacional y a una diversidad de cine extranjero pero no se contemplan los mecanismos para su ejecución, mientras que la propuesta de la Iniciativa de Ley de Cinematografía y el Audiovisual ofrece estímulos a quienes otorguen más del 40% de tiempo en pantalla al cine nacional, esto a través del Fondo para el Desarrollo de la Cinematografía y el Audiovisual (Fodeca), aunque con el dilema de que este nuevo fondo se crearía con la fusión del Fidecine y el Foprocine.

Contrariamente, en el ámbito de la distribución no hay propuestas concretas en la ley vigente ni en la iniciativa, pues todo enunciamiento a este sector es ambiguo. La falta de regulación del Virtual Print Fee (VPF) es un claro ejemplo. Si bien esta cuota ha tenido el objetivo de capitalizar la convergencia digital, esto es, el equipamiento digital de las salas de cine, hoy con un avance superior al 95% en este proceso, pareciera que los exhibidores pretenden tenerlo como cuota permanente, al estilo de la tenencia vehicular, cuyo objetivo original fue allegarse de recursos para las olimpiadas de 1968. Después de la justa deportiva, el impuesto se perpetuó. Por otro lado, el peso y el interés económico del propio mercado, rechazan e impiden cualquier regulación en esta materia ¿La telebancada en el Congreso de la Unión también protegerá los intereses de este sector?

De acuerdo con la Canacine, las últimas estadísticas son las siguientes: el año 2014 cerró con 5,733 salas, ientras que 2015 con 6,000. El precio promedio del boleto tuvo un decremento de 20 centavos, al pasar de $46.70 en 2014 a 46.50 en 2015, y la asistencia media a las salas en este año fue de 47,757. De acuerdo a estas cifras, el ingreso en taquilla fue de alrededor de los 13 mil 900 millones de pesos; y la distribuidora con mayores ganacias fue Universal Pictures, con el 24%, seguida de Disney (16%), Fox (13%), Warner (12%), Sony (10%), Videocine (8%), Paramount (6%), Corazón (3%), Gussi, Diamond y Zima (2% cada una) y otros (3%).

Así mismo, las tres películas extranjeras más taquilleras en México fueron Avengers: La era de Ultón, con un ingreso total de 784 millones de pesos y15.7 millones de asistentes; Rápidos y Furiosos 7, con ganancias de 779.29 millones de pesos y 15.5 millones de asistentes; y Minios, con una recaudación de 724.79 millones de pesos y 16.1 millones de asistentes. Las tres películas nacionales más taquilleras fueron: Un gallo con muchos huevos, logrando un ingreso de 167.80 millones de pesos y 4.13 millones de espectadores; El gran pequeño, con 148.3 millones de pesos y 3.34 millones de espectadores; y A la mala, con 126.60 millones de pesos y 2.8 millones de asistentes.

Resumiendo podemos señalar que si bien hoy la Secretaría de Cultura tiene las atribuciones para promover la producción, distribución y exhibición de cine mexicano y sancionar su omisión o violación, esta tarea enfrenta dos serios problemas que son a la vez una contradicción dentro de las propias políticas públicas en la materia. Primero, la consideración de la industria cinematográfica nacional como una industria del entretenimiento y no como una cultural; y segundo, la falta de los instrumentos reales para sancionar a quienes incumplan la ley.

El primer problema podría resolverse si hubiera la voluntad política para renegociar los tratados comerciales en donde la industria fílmica nacional ha sido considerada exclusivamente como entretenimiento, para darle así su estatus cultural (es por todos sabidos que Canadá así lo hizo en las negociaciones del TLC). El segundo se resolvería, en primera instancia, aplicando las sanciones económicas ya señaladas en la ley vigente, para lo cual también sería de mayor ultilidad si se definen los mecanismos e instrumentos para cumplir a cabalidad con tales objetivos.

Aunque lo anterior pueda sonar fácil, no es así si no se tiene la voluntad política para ello. Si bien aplaudimos la creación de la Secretaría de Cultura y concordamos con diversos expertos de que era un asunto pendiente desde hace varios años, el propio contexto gubernamental en la materia nos hace creer que no habrá mejoras en el sector, al contrario. Lamentablemente observamos fines políticos para desaparecer instituciones y organizaciones críticas en pos de los proyectos neoliberales en el campo de la cultura. Ojalá nos equivoquemos.

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