Todos calladitos

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Por Pedro Mellado

Publicado originalmente el 27 de enero de 2015 en el periódico Mural.

Hace por lo menos cuatro meses que el contralor de Jalisco no aparece en medios de comunicación, según se puede corroborar en archivos de nuestro periódico.

El pasado miércoles 1 de octubre del 2014 fue publicada una declaración suya en la que explicaba que no se politizarían las investigaciones por supuestas irregularidades cometidas durante la pasada administración estatal. Aseguró que sobre algunos casos de presuntas irregularidades o corruptelas habría conclusiones antes de que terminara el año.

Ya ha transcurrido un año y tres meses desde aquel miércoles 16 de octubre del 2013, cuando Juan José Bañuelos Guardado, contralor del Estado en el actual Gobierno priista de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018), informó que en el último año de la administración del panista Emilio González Márquez (2007-2013) se documentaron irregularidades que representarían daño patrimonial a Jalisco por 7 mil 573 millones de pesos.

El ya muy cercano domingo 1 de marzo del 2015 Sandoval Díaz cumplirá dos años al frente de la Administración de Jalisco. No hay indicios de que en algún momento pudieran ser molestados, importunados, y mucho menos detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial, alguno o los dos principales responsables de la pasada administración estatal: el ex gobernador González Márquez y su compadre y súper amigo Herbert Taylor Arthur, ex titular de la otrora poderosa Coordinación General de Innovación y Desarrollo en ese gobierno.

Ningún indicio visible nos permite suponer que el asunto haya tenido algún avance importante en manos la Fiscalía General del Estado que encabeza Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco.

Hace un año y cuatro meses, el martes 17 de septiembre del 2013, Mural publicó que al revisar el gasto ejercido por el Gobierno estatal entre 2007 y 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –entidad auxiliar, técnica contable de la Cámara de Diputados de la Federación– determinó que el Gobierno de Emilio debía haber reintegrado a las arcas públicas más de 8 mil 200 millones de pesos que se gastaron de forma irregular.

Las observaciones que la ASF le hizo al gobierno de Emilio, contrastaron con los dictámenes emitidos por la Auditoría Superior del Estado, que encabeza Alonso Godoy Pelayo, en los cuales las cuentas públicas de la administración de González Márquez, por lo que corresponde al 2009 y 2010, salieron rechinando de limpias.

La fórmula funciona: omisiones más complicidad, igual a impunidad.

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