Transparencia cara… disfraza opacidad

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Por Sergio René de Dios Corona

Publicado originalmente el 15 de septiembre de 2015 en El Diario NTR.

Es tragicómico que cueste más de 2 millones de pesos obtener fotocopias de documentos oficiales para conocer detalles de las obras de la Línea 3 del Tren Ligero. Que tenga ese costo acceder a la información raya entre lo absurdo, la tragedia, la comicidad y… la opacidad. Un ciudadano común, un simple mortal, nunca ha tenido en su manos 2 millones de pesos. Con muchos trabajos la mayoría de los jaliscienses cubren sus necesidades básicas. Informarse de lo que hacen las autoridades no está en sus prioridades y menos si hacerlo implica desembolsar millones de pesos.

Por eso, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, vía su representante en el estado, dio a conocer que tal cantidad tendrían que desembolsar los presidentes municipales metropolitanos electos de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, la primera reacción fue de sorpresa.

Después, de risa loca, y por último de preocupación: uno de los grandes obstáculos, sin ser el único, para transparentar lo que hacen las autoridades de cualquier nivel de gobierno, es lo carísimo que resulta reproducir información de bases de datos, proyectos, documentos, etcétera.

Que la transparencia sea absurdamente costosa para un ciudadano interesado en el quehacer gubernamental es fomentar la opacidad. Es poner trabas. Es colocar el valor comercial por encima del derecho a la información. Es una jugarreta antitransparencia. Es un obstáculo más que, si los diputados locales estuvieran realmente interesados en fomentar la transparencia a fondo, lo habrían quitado.

Pero no es así. Los legisladores y la mayoría de los consejeros del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco celebran la aprobación de la reciente reforma integral a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, festejan avances y se congratulan de modificaciones como la ampliación de la información fundamental, la cantidad de los sujetos obligados y las reglas de revisión de los recursos de solicitud de información o las sanciones impuestas ante incumplimientos.

Sin embargo, eso es insuficiente. Falta mucho más. No se fue más allá de lo que establece la norma marco federal. No interesó revolucionar ni que Jalisco fuera ejemplo. Un ejemplo, sólo uno, es el referido al pretendido cobro de 2 millones de pesos. En ese tenor se hallan solicitudes de quienes, como los periodistas o los académicos, buscan ahondar en decisiones y políticas públicas. Porque si en algo se especializa la clase política es en dar información general que si es investigada a detalle, con ojo crítico, se descubrirán bastantes irregularidades.

Añadamos que el Ejecutivo estatal ni siquiera reconoce que metió mano para cercenar la reforma a la ley. Y si es cierto, como dice el gobernador Aristóteles Sandoval, que giró instrucciones para que se legislara con apertura y avanzada, lo real es que desde la Secretaría General de Gobierno y la mayoría de legisladores hicieron otra cosa. No hicieron caso.

Nadie tendría que pagar millonadas de pesos por obtener información gubernamental que debiera ser pública, abierta, transparente, sin cortapisas ni simulaciones ni enredos jurídicos. El problema es que la rendición de cuentas no forma parte de la ética, la actitud política y la norma legal de nuestros gobernantes. Se avanza a pasitos en cada reforma, y muchas ocasiones se retrocede.

La mejor solución: hacer pública la mayor cantidad de información, sin argucias legaloides ni laberintos en los sitios web. El Itei no tendría que existir si realmente la transparencia fuera verdadera.

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