Año electoral y medios: un círculo vicioso

Por Tonatiuh Lay

Publicado originalmente el 6 de marzo de 2015 en Proyecto Diez.

De manera explícita e implícita se ha descrito y analizado la manipulación a la ciudadanía, la coerción y hasta la compra del voto, y siempre se ha criticado ese mecanismo de los partidos políticos y a los ciudadanos que una y otra vez “caen” en estas artimañas. Pues bien, en estas elecciones intermedias lo volveremos a ver una vez más.

El 7 de junio de este año se llevarán a cabo las llamadas “elecciones intermedias”, donde se renuevan los diputados federales, pero al mismo tiempo habrá procesos electorales en otros diecisiete estados (Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y el Distrito Federal) en donde se votará por congresos locales y en algunos de ellos por alcaldes y gobernadores.

Las reforma electoral, que regresa el control de las elecciones locales al Instituto Nacional Electoral (INE) y de telecomunicaciones, de la cual sabemos claramente a quién beneficia, contribuyen a hacer que el círculo vicioso comience a girar. Curiosamente, hoy, que contamos con mejores herramientas para acceder a una información más plural y objetiva y que este aspecto no ha podido ser controlado (a pesar de los múltiples intentos tanto nacionales como extranjeros para controlar o censurar los contenidos en Internet) parece que en nuestro país regresamos a los peores tiempos de concentración y represión del régimen.

No es una exageración: es un retroceso que el INE retome el control de elecciones locales cuando existen órganos estatales para ello que, a pesar de su fama buena o mala, contribuyen a una mejor imagen de transparencia que cuando una sola institución las organiza (y qué decir de algunas otras acciones de control monopólico gubernamental que se emprendieron en este sexenio, como la recuperación del control de la nómina magisterial, que más que cuestión administrativa es política).

La reforma en materia de telecomunicaciones también trajo sus ventajas al gobierno y, por ende, al PRI, pero no sin antes desentenderse de las cuestiones de la misma reforma, o los compromisos adquiridos en esta, que le pudieran ser contraproducentes. Un ejemplo de ello es la entrega de pantallas digitales con motivo del apagón analógico, que forma parte de lo que señala el artículo 19 transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que señala que la transición a la Televisión Digital Terrestre concluirá el 31 de diciembre de 2015 y que para ello el Ejecutivo Federal implementará programas y acciones para la entrega o distribución de equipos receptores o decodificadores.

En un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 24 de mayo de 2014, la dependencia señaló:

“Con el cambio del televisor análogo por uno digital, las familias mexicanas ahorrarán mil 638 millones de pesos al año en el consumo de energía eléctrica; disfrutarán de mayor calidad en imagen y audio, además podrán utilizarlo como dispositivo de acceso a Internet”.

Por lo anterior, el gobierno hará entrega de 13.8 millones de televisiones digitales con una inversión de 26 mil millones de pesos, lo que representa poco menos del 10 % de la población pues, de acuerdo con las proyecciones de la Conapo, a mediados de 2014 la población ascendía a más de 119 millones 700 mil habitantes.

En ese momento surgían dudas sobre a través de qué mecanismo se les daría acceso a Internet y cómo se podría lograr una mínima alfabetización mediática —que si bien no estuvo considerada ni en la reforma de 2013 ni en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es un tema que han venido pidiendo y exigiendo diversas organizaciones sociales—.

A principios de 2015 se publicaría que los televisores entregados no cuentan con el conector necesario para acceder a Internet. Lo anterior llevó a observar que el gasto era excesivo, pues uno de los objetivos del aparato debía ser su conectividad; de lo contrario, se hubiera optado por la adquisición de decodificadores, que oscilan entre los 500 y 600 pesos, lo que hubiera requerido 8 mil 280 millones de pesos, esto es, una tercera parte del presupuesto autorizado. Por otro lado, sin Internet se sigue acrecentando la brecha digital, pero peor aun, se pierde la oportunidad de acceder a otro tipo de información, elemento indispensable de una alfabetización digital.

No faltó quien acusó al gobierno federal de entregar televisiones como una medida de campaña electoral anticipada ante los sectores más vulnerables, pues se suponía que solo los beneficiarios de algún programa social de la Secretaría de Desarrollo Social recibieran televisores. Sin embargo, si alguien no se encontraba en ese padrón podía hacer una solicitud que la secretaría evaluaría. Al parecer el criterio fue muy laxo, pues se publicaron en Facebook fotografías de personas a quienes se les entregó sin lucir necesidad económica, ya que se les observaba abordando vehículos no austeros.

Pudiera parecer que todo lo anterior no tiene relación con un proceso electoral. Todo lo contrario. He reiterado en varias ocasiones que el derecho a la comunicación y el acceso a la información plural y veraz contribuyen a una mejor toma de decisiones y, por lo tanto, a elevar la calidad de la democracia.

Si carecemos de medios de comunicación alternativos —limitados por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión—, si no accedemos a la televisión a través la fibra óptica de los tendidos de electricidad de la CFE, proyecto al cual también renunció el Gobierno; y si además continúa la concentración de Televisa en la televisión de paga —su última adquisición es Telecable—, entonces se cooptan todas las fuentes de información que el ciudadano podría tener, siendo más factible la coerción del voto, obviamente a favor del partido que está en el poder.

La compra de Telecable afianzará el ingreso de Televisa al mercado de las telecomunicaciones y del triple play, pues recordemos que desde el 7 de noviembre de 2014 Televisa opera servicios de telefonía fija, Internet y televisión restringida por cable a través de Izzi Telecom, que al día de hoy cuenta con una infraestructura de 27 mil kilómetros de fibra óptica, mientras que la de Telmex es de más de 167 mil. Así mismo, Izzi tiene la posibilidad, de acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de utilizar la infraestructura de la telefónica mientras esta siga siendo considerada como preponderante. Sin embargo, nada de este tipo de ventajas se dice en el mercado de la televisión abierta, donde Televisa es la preponderante, ni mucho menos en la de televisión restringida, donde la empresa de Emilio Azcárraga es de facto preponderante.

Televisa quiere ganar tiempo, pues desde noviembre del año pasado Telmex había anunciado la venta de activos para dejar de ser preponderante y que dicho proceso cultimaría durante el primer semestre de este 2015. Por ello la guerra en el sector se afianza contra la empresa de Slim y sus aliadas.

Mientras que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se ha mostrado tibio ante la noticia de la compra de Telecable por Televisa, a Dish le impuso una multa de 43 millones de pesos por supuesta concentración con Telmex, al considerar que las partes no notificaron previamente a la autoridad de una serie de contratos que, a su juicio, constituyen una concentración.

Como puede verse, la alianza entre Televisa y el gobierno está en marcha. En las próximas semanas y meses podremos constatarlo de diversas maneras, completando así este círculo vicioso de la relación entre medios y gobierno, de la influencia de los medios en la ciudadanía, y de la elección de la ciudadanía por candidatos del régimen que los tiene oprimidos, y así, secuencialmente, hasta que lleguemos a 2018 y la historia se vuelva a repetir.