El silencio… ¿de los inocentes?

C7 no cubrirá las elecciones
Jorge Narro / Opinión

El silencio… ¿de los inocentes?

Por Jorge Narro

Publicado originalmente el 18 de mayo de 2015 en Mural.

El 5 de abril iniciaron las campañas para munícipes y diputados del Congreso local. Casi un mes antes, Julio César Hernández Gutiérrez, defensor interino de las audiencias del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV), solicitó en su primera y única recomendación –y probablemente siguiendo instrucciones del entonces director del Sistema, Sergio Ramírez Robles, hoy secretario de Comunicación Institucional del PRI Jalisco– que se eliminara la «información sobre el proceso electoral en los noticieros». Así como lo lee: nuestro «defensor» le pidió al SJRTV que no nos informara sobre las elecciones. Y, además, no motivó, fundó o explicó las razones de tan desatinada petición. Ramírez Robles, por supuesto, se obedeció a sí mismo de inmediato y aceptó ese mismo día la recomendación.

Como, estimada lectora, estimado lector, es altamente probable que usted no se haya enterado de esto (y esto es gravísimo), permítame reproducir algunos fragmentos del posicionamiento que, para protestar contra esta insensatez e ilegalidad, emitió el 16 de abril la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), Capítulo Jalisco:

1. El «defensor» (las comillas son mías) y el director del SJRTV «ignoraron (…) que no pueden de manera unilateral violar el derecho a la información que tienen sus audiencias, garantizado en el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que: ‘Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión’. Esto significa que bajo ninguna circunstancia puede negarse a la ciudadanía su derecho a estar informada».
2. Pero no solo Hernández Gutiérrez y Ramírez Robles ignoraron la Constitución. Hicieron también caso omiso de la Ley Orgánica del propio SJRTV, que establece (Artículo 4) que el SJRTV tendrá como objetivos: «IV. Proporcionar información pertinente, veraz y oportuna a los habitantes del Estado para fomentar y acrecentar su participación en la protección y defensa de la libertad, el medio ambiente, las condiciones de paz y tranquilidad social que mejoren sus condiciones culturales y materiales; V. Informar a la sociedad sobre los acontecimientos relevantes de carácter político, económico, social, cultural y aquéllos que sean de interés de la población, en los ámbitos local, nacional e internacional; VI. Orientar a la población en la defensa de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas».

El documento de la Amedi termina diciendo:

3. «(…) denunciamos que el SJRTV no puede ni debe estar a disposición de las decisiones de ningún funcionario, pues el carácter público de esta red de medios no puede cambiar porque su anterior director ahora ocupe un puesto en uno de los partidos políticos que disputarán las elecciones. Tampoco puede modificarse el servicio público del Sistema por la decisión del actual defensor de las audiencias, ya que este no tiene la facultad para recomendar la suspensión de la cobertura electoral, pues hacerlo atenta directamente contra los derechos de quienes dice defender».

Pero, ¿por qué el silencio del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión respecto del proceso electoral (y el de las televisoras privadas y el de algunas estaciones de radio…)? ¿Qué alimenta ese silencio? Ciertamente no el estar informado, ciertamente no el entusiasmo, ciertamente no la participación… ¿Y a quién favorece que los electores no participen –o lo hagan en escaso número– en los comicios del próximo 7 de junio? Al partido que tenga más voto seguro, más voto «duro». ¿Y ése quién es? El PRI…

El de papá Leonel, que sigue amarrando ese voto duro –«¿Qué no estamos en campaña?», diría el alcalde tapatío Ramiro Hernández–, tal como hizo en las elecciones de 2011 en el Estado de México. Y lo hace aquí con la expresa complacencia del Tribunal Electoral local.

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