No me defiendas, compadre

Por Jorge Narro

Publicado originalmente el 22 de diciembre de 2014 en el periódico Mural.

El pasado día 10, en el marco del 66 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), se manifestó inquieto porque: «Las manifestaciones que se han dado por el caso de los 42 normalistas que continúan desaparecidos han servido como pretexto para que personas utilicen su derecho a la libre manifestación de ideas, para delinquir» (El Informador, 11 de diciembre).

Álvarez dijo, textualmente: «Las autoridades deben cumplir los protocolos y principios en el uso de la fuerza, pero los manifestantes deben ser respetuosos del orden público… que por ningún motivo pueden cometer delitos, que quien cometa delitos con motivos de una manifestación debe ser castigado por la autoridad, el que no lo haga estará violando los derechos humanos (de terceros)».

¿A qué vienen esas declaraciones?

Seis marchas se han realizado en Guadalajara con ocasión de lo sucedido en Iguala (8, 22 y 31 de octubre, 14 y 20 de noviembre y 1 de diciembre) y las seis fueron ejemplarmente pacíficas; en ninguna se registró un solo desmán.

El señor Álvarez fue designado titular de la CEDHJ para defender los derechos de las personas, no para representar los intereses de la autoridad, de modo que resulta no sólo extraño sino inquietante que a propósito de nada (porque, reitero, nada ha ocurrido aquí) haga advertencias a los ciudadanos que salimos a la calle a expresar nuestras ideas, y exhorte a la autoridad a castigar, ¡so pena de violar precisamente los derechos humanos!

Además de amenazar a los «protestantes» y presionar a la fuerza pública a actuar contra ellos, el señor Álvarez desestima el derecho a la manifestación, un «derecho complejo» que implica el ejercicio de la libertad de asociación (o reunión) y el de la libertad de expresión (Javier Dondé Matute, Instituto Nacional de Ciencias Penales). La libertad de asociación está consagrada en el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la de expresión en el 6. Por si fuera poco, los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos -esa cuyo aniversario tan desafortunadamente celebró el señor Álvarez- establecen los derechos a la libertad de opinión y expresión y a la libertad de reunión y asociación (por supuesto que pacíficas).

El señor Álvarez olvida también que esos derechos y libertades no fueron concedidos generosa y gratuitamente por el Poder, sino conquistados por los ciudadanos. Y conquistados no desde la quietud y seguridad de los hogares sino en la calle y en la plaza pública; mediante manifestaciones, marchas, huelgas, paros… (no siempre pacíficos, por cierto).

Con sus declaraciones el señor Álvarez alimenta el prejuicio (igual que algunos medios, especialmente la televisión abierta) de que las marchas y manifestaciones son siempre y/o esencialmente violentas.

¿Será que ayuda a preparar el terreno para una eventual «ley antimarchas» en Jalisco? Tenemos ya el antecedente de la Ley de Manifestaciones Públicas de la Ciudad de México (diciembre de 2013); de la llamada «ley bala», aprobada en y para el estado de Puebla (mayo de 2014) y que pretendía (fue derogada en julio siguiente) regular el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos de esa entidad, y las reformas a los artículos 11 y 73 de la Constitución federal, hechas por la Cámara de Diputados (falta la de Senadores), que aseguran tener como propósito garantizar el derecho de movilidad universal a todo ciudadano en el país (diciembre 2014).

Por lo pronto, con sus declaraciones, el señor Álvarez confirma no ser un ombudsman sino un burócrata interesado en el poder y el dinero (aumentó su sueldo en más de 60% desde 2007 y hoy gana casi 138 mil pesos brutos al mes). De ahí su conducta tan obsequiosa para con los poderes públicos.