Participación domesticada
Amedi JaliscoPor Rubén Alonso
Publicado originalmente el 1 de febrero de 2016 en Milenio Jalisco.
Sobre la mesa de la agenda pública-política del Congreso del Estado está la participación ciudadana. Cuatro iniciativas, con tres orígenes, anticipan un amplio e interesante debate, para incorporar figuras que van desde la revocación de mandato, presupuesto participativo, gobierno abierto, los requisitos para las ya existentes como plebiscito, referéndum e iniciativa popular, e incluso para candidaturas independientes (Ver: http://bit.ly/1QQg1Eg
El PAN puso el 26 de noviembre de 2015 sus cartas sobre la mesa; le siguió la Comisión de Participación Ciudadana el 3 de diciembre siguiente, haciendo suyo las propuestas de Haz tu Ley y el Observatorio Legislativo en Tlajomulco y Guadalajara; luego el PAN amplió el alcance al proponer que la revocación de mandato llegue a la Constitución Federal y así evitar que se repita la historia de Chihuahua y Michoacán, donde la SCJN declaró inconstitucional esa figura al no estar en la Carta Magna; finalmente, le entró el Gobernador con su iniciativa del 25 de enero, con figuras de participación iguales, pero añadiendo otras como gobierno y cabildo abierto, así como juntas municipales.
Se trata de figuras desde quien ejerce el poder público para que la ciudadanía “participe”, con lo que se abren mecanismos legales con los que la autoridad interactúe e incluso se someta al poder ciudadano; sin embargo falta en ello un mecanismo que opere como llave desde la lógica ciudadana, la cual debe presuponer y reconocer un ejercicio libre y en libertad de participación.
Los mecanismos de participación ciudadana tienen alto riesgo de perversión cuando son concebidos, diseñados y operados desde el poder público, provocando la “domesticación de la participación”: entre más se pretende cubrir toda forma de participación, se excluyen otras, sobre todo porque la participación debe partir y encuadrarse desde la libertad. Esto, en parte le ha sucedido al derecho de acceso a la información: en contra del principio de que todo es público, salvo lo reservado temporalmente y la protección a datos personales, se amplía un catálogo de información que desde la lógica del poder se convierte en la única información obligatoria, acotando el principio de máxima publicidad.
La autoridad requiere de instituciones abiertas a la participación, pero con mecanismos maleables y flexibles a las necesidades de la ciudadanía, no a la de los grupos de poder público.
