Periodistas libres, ¡a callar!

Por Rubén Alonso

Publicado originalmente el 25 de julio de 2016 en Milenio Jalisco.

Cuando la difamación y calumnia eran delitos, quien buscaba amedrentar, inhibir, silenciar a un periodista profesional o medio de comunicación libre, independiente, bastaba presentar una denuncia penal y someter al comunicador a un fastidioso y desgastante (material y anímico) proceso ante juzgados, para que a la postre terminara en nada. Luego, siguiendo recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en abril 2007 se derogaron del Código Penal Federal los delitos de injurias, difamación y calumnia, pero se trasladó dicha responsabilidad del comunicador al Código Civil Federal bajo la figura de «daño moral»; en Jalisco se hizo lo propio en octubre de ese año.

Se trató de un avance, pero con el tiempo quien tiene y dispone del poder en sus manos (político y económico) ha pervertido ese mecanismo de responsabilidad de los comunicadores, haciendo del daño moral el instrumento amedrentador, y con el censurar y provocar autocensura. Los casos más recientes están en la persecución en contra de Sergio Aguayo Quezada que emprendió el ex gobernador y ex líder nacional del PRI Humberto Moreira Valdés (Ver: http://bit.ly/2apy3QE) así como el acoso judicial en contra de María del Carmen Aristegui Flores por parte de MVS Comunicaciones y el presidente de su Consejo, Joaquín Vargas Gómez (ver: http://bit.ly/2a68mmb).

Ser comunicador profesional no supone «patente de corso», ni «fuero» que lo exima de responsabilidad como cualquier ciudadano o ciudadana; pero tampoco puede negarse que como en cualquier conducta, habrá que observarla y analizarla en su contexto particular y general. Así las cosas, la pregunta clave es: ¿los casos de Sergio Aguayo y Carmen Aristegui encuadran en lo que establece el Código Civil en materia de daño moral?

Sobre ello, estimo que no. Basta observar el trabajo público sobre el que se les reclama reparación de daño en cada uno; y por otro lado, las causas, entorno y recursos empleados por los demandantes.

Y si a ello le sumamos el gravísimo entorno nacional persecutorio y silenciador (con asesinatos, ataques a medios, cooptación con recursos públicos) en contra de medios de comunicación y periodistas profesionales, libres e independientes, estamos ante un claro mensaje y línea de actuación del poder político y económico: Periodistas libres, ¡a callar!