Opacidad y trampas

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Por Pedro Mellado

Publicado originalmente el 6 de febrero de 2015 en el periódico Mural.

En todas las dependencias de Gobierno donde alguien se esmera por ocultar algo, por mantener en la opacidad o en plena oscuridad algún asunto de interés público, seguramente se gesta alguna irregularidad, transa, corruptela, abuso o delito.

Esas acciones pretenderían escamotearle a los ciudadanos su derecho a saber, a estar bien informados sobre cómo se toman decisiones, cuáles son los criterios que las determinan y cómo se gasta el dinero que los contribuyentes han confiado a los presuntos servidores públicos.

Un amplio segmento de la sociedad percibe que en los tiempos actuales se ha exacerbado la corrupción.

Quizá así sea. Aunque ese cáncer que carcome a la sociedad ha estado presente en la vida pública desde tiempos inmemoriales, sólo que ahora, con el uso de algunas herramientas jurídicas, como las leyes de transparencia, nos enteramos de más irregularidades y abusos, y podemos ponerle luz a los lugares más oscuros de algunas dependencias del Gobierno.

La sociedad ha podido escudriñar por cuenta propia o a través de algunos medios de comunicación, las áreas oscuras de Administraciones como la de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en Jalisco, y la de Enrique Peña Nieto, en la Presidencia de la República.

“Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública”, dice claramente la Fracción I del Apartado A, del Artículo 6 de la Constitución General del País. Esa información le pertenece a todos los mexicanos.

Los intereses que se oponen a que se cumpla este mandato están determinados por los millones de pesos que algunos servidores públicos obtienen por torcer la ley y autorizar acciones ilegales de las cuales son cómplices y beneficiarios, que afectan a los ciudadanos o causan quebranto a las arcas públicas, que se nutren con las aportaciones de todos los contribuyentes.

En los días que corren el Congreso de la Unión (cámaras de diputados y senadores) deberán analizar los términos de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Se anticipa y teme que el derecho de los ciudadanos a saber y estar bien informados pueda ser conculcado por una legislación regresiva, oscura y tramposa. Debemos estar alerta.

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