Tentaciones autoritarias

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Por Guadalupe Morfín

Publicado originalmente en El Informador el viernes 2 mayo de 2014.

Concluyó ya el periodo ordinario de sesiones del Congreso. Las reformas pendientes requerirán periodos extraordinarios. La legislación secundaria de telecomunicaciones, que incluye restricciones sobre el uso de internet, pasará a ser discutida hacia junio. Los temas de competencia en telecomunicaciones son de una complejidad tal que nos hacen extrañar a Miguel Ángel Granados Chapa, periodista que desenredaba la madeja más trabada y la exponía con claridad.

Son varios quienes han criticado que se mezclen, en la legislación de telecomunicaciones, asuntos puntuales de seguridad nacional, como la posibilidad de restringir o suprimir la señal de acceso a internet, si la autoridad considera que está en peligro la seguridad.

Por ejemplo, durante una manifestación pública, en la que nadie podría documentar los abusos, de la parte que fuere. Está presente la tentación de aplicar, de hecho, un estado de excepción, para restringir o suprimir derechos. Si se desoyen las voces que alertan contra estas medidas, se dejaría de cumplir con los requisitos que la Constitución ya establece para que la figura de excepción opere, con sus necesarios controles; la norma secundaria se convertiría en un atajo para evitar aplicar los principios constitucionales que rigen para dichos estados, que por eso son considerados excepcionales. Se castigarían las expresiones críticas al Gobierno que pudieran navegar a través de las llamadas redes sociales de internet, como Twitter, Facebook y otras.

Todo esto toca un derecho constitucional: el de libertad de expresión, que no es ilimitado y debe ser responsablemente usado, pero que es fundamento de toda vida democrática. Jesús Robles Maloof ha señalado que las normas de telecomunicaciones deben fomentar la libertad y no restringirla.

Castigar a quien critica es la tentación autoritaria. En Panamá, en 2002, aparecieron degollados varios internos en una isla penitenciaria. Un periodista destacado, Miguel Antonio Bernal, escribió que era responsabilidad de la Policía garantizar la seguridad en dicha área bajo su resguardo. El jefe de la Policía lo demandó penalmente. Estuvo a punto de ir a la cárcel. El Defensor del Pueblo de Panamá y el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos reaccionaron a tiempo.

Esto ejemplifica cómo en América Latina las llamadas leyes de desacato penalizaban las críticas a funcionarios: verdaderas mordazas. Gracias a múltiples periodistas, y a la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, éstas se fueron derogando, abriendo paso a figuras como el derecho de réplica de los afectados, la responsabilidad civil, no penal, por daño al derecho de gozar de buena fama, la no censura previa.

Distinguidos defensores de derechos humanos, como Santiago Cantón, Frank La Rue, han estado a cargo de dicha Relatoría.

El derecho a la información es concomitante al de libertad de expresión. Tener libertad y no acceder a la información (incluido internet), es un contrasentido. Además, darle a internet un uso de mercado, o espiarnos, otras amenazas de la reforma, empobrecería o negaría nuestra vida democrática.

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