Opacidad con moño navideño

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Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco. Foto: Eduardo Miranda / Proceso

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Uno de los problemas más notables con la fallida transición democrática ha sido la ausencia de avances en materia de rendición de cuentas. En lugar de abrazar la transparencia y el control externo, los gobernantes de todos los partidos han preferido mantenerse en la comodidad de la simulación. Los ejemplos han abundado en este fin de año. En un típico madruguete navideño, el gobernador del estado de Jalisco, Emilio González, publicó el 22 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado una nueva Ley de Transparencia que implica un franco retroceso en la materia. Esta norma aumenta de manera peligrosa las causales de reserva de la información pública, busca desaparecer la crucial “prueba de daño” en la aplicación de las mismas y criminaliza la divulgación, por los medios de comunicación, de información reservada. Con estas reformas, aprobadas por unanimidad de todas las fuerzas políticas, Jalisco sigue el ejemplo de países autoritarios que bajo el escudo de la transparencia han buscado renovados pretextos para limitar la circulación de información incómoda. En Zimbabwe, por ejemplo, la supuesta “ley de transparencia” ha funcionado principalmente como una forma de controlar los medios de comunicación al obligar a los periodistas a registrarse ante la autoridad y divulgar sus fuentes de información. Esta norma ha llevado al encarcelamiento de por lo menos una docena de periodistas críticos del régimen. Hoy, al abrir la puerta para la criminalización de reporteros y jefes de información, Jalisco se convierte en el nuevo ejemplo negativo a nivel internacional. Desde hace tiempo ya era evidente que el discurso celebratorio de la rendición de cuentas distaba mucho de su ejercicio en la práctica en México. Sin embargo, hasta hoy ningún gobernante se había atrevido a ir tan lejos como el gobernador González en desmontar nuestras garantías constitucionales. Desde ya se debe promover una Acción de Inconstitucionalidad en contra de esta ley, así como amparos y recursos ante las instancias internacionales correspondientes. Pero la opacidad no solamente avanza a nivel local, sino también en la federación. Hace unas semanas el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) entregó un jugoso regalo de fin de año a Felipe Calderón y de paso dio lo que podría ser una estocada de muerte a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). En un proyecto de resolución elaborado por María Marván (5182/2011), ahora consejera del Instituto Federal Electoral gracias al apoyo que recibió de parte del Partido Acción Nacional, el IFAI aceptó sin cuestionamiento alguno una discrecionalidad absoluta del gobierno para entregar o no información a los ciudadanos. “Yo sé que están en la nómina. Yo sé cuánto reciben”, afirmó el presidente, en referencia a la existencia de numerosos jueces corruptos, durante el encuentro que sostuvo con Javier Sicilia en junio pasado. Pero ahora resulta que no se puede compartir ninguna información sobre el particular ya que los documentos correspondientes simplemente son “inexistentes”. El argumento de la Presidencia es que existen numerosas “fuentes de información de las cuales no se guarda registro, ya sea que por su especial naturaleza no se documentan o –como podría ser el caso de las llamadas telefónicas que recibe y/o efectúa el presidente de la República con los miembros de su gabinete o las conversaciones que de manera personal pudiera celebrar el titular del Ejecutivo federal– mediante las cuales pueda recibir y/o externar información que atienda al quehacer público y que no necesariamente están documentadas”. En otras palabras, Calderón se reserva el derecho de solamente documentar y compartir aquella información que de acuerdo con su criterio personal le parezca conveniente que sea del dominio público. Al ratificar en sus términos la respuesta de la Presidencia de la República, Marván y sus homólogos reducen el IFAI a ser un simple certificador de las decisiones del Poder Ejecutivo federal, en lugar de un órgano garante de nuestro derecho fundamental de acceso a la información pública. Asimismo, nuestra ley de “transparencia” se convierte en una simple ley de “acceso a documentos administrativos” previamente existentes. Esto viola flagrantemente el “principio de máxima publicidad” consagrada en al artículo sexto de la Constitución y, tal y como en el caso de Jalisco, los ciudadanos afectados también deberían impugnar el hecho ante las instancias nacionales e internacionales correspondientes. Ahora bien, los gobiernos de izquierda tampoco se han escapado de la tendencia simuladora en materia de rendición de cuentas. También aprovechando la época navideña, el 23 de diciembre Marcelo Ebrard quiso colocar cuatro cuadros leales como magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF). Estas posiciones son particularmente relevantes en este momento ya que el TCADF pronto tendrá que decidir si ratifica o revoca la nulidad del Estudio de Impacto Ambiental que ampararía la construcción de la nueva Supervía Poniente. Si bien las cuatro personas propuestas son sumamente capaces y cuentan con un alto perfil profesional, su cercanía con el jefe de Gobierno se prestaba a un legítimo cuestionamiento de los posibles conflictos de interés que podrían surgir a la hora de desempeñarse como magistrados. Habría que celebrar la decisión de la ALDF de avalar solamente dos de las cuatro propuestas, así como insistir en que se modifique inmediatamente la forma de nombramiento de los magistrados para asegurar que los dos faltantes surjan de la sociedad civil y ofrezcan una visión fresca e independiente. Cada día resulta más claro que la transparencia y la rendición de cuentas no emergen automáticamente después de la celebración de elecciones democráticas. Su realización práctica depende de ir más allá del discurso mediático para construir un sólido compromiso político a partir de una interacción constante entre el Estado y la sociedad.

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