Dinero y control
Amedi JaliscoPor Pedro Mellado
Publicado originalmente el 7 de enero de 2015 en el periódico Mural.
El dinero que gastan las administraciones federal, estatales y municipales, son recursos del pueblo, de los contribuyentes, de todas las personas de nuestro país, que de forma directa o indirecta aportan al gasto público, para el sostenimiento de las actividades de Gobierno.
Por eso los funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas, sobre la forma como gastan ese dinero y la pertinencia como lo hacen. Todos los presuntos servidores públicos están obligados a rendir cuentas sobre el dinero que el pueblo les confía y esos recursos deben ser fiscalizados por la Cámara de Diputados de la Federación, en el ámbito Nacional, y por el Congreso de Jalisco, en nuestra entidad.
Con toda claridad, el artículo 134 de la Constitución General de la República precisa que esos recursos deben administrarse «con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados».
Para estos tiempos preelectorales es muy pertinente la advertencia del párrafo séptimo del referido artículo: «Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los Municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos».
Impone, el párrafo octavo: «La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de Gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social».
Agrega: «En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público».
El principal responsable de cumplir y hacer cumplir estas disposiciones constitucionales es el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, esos imperativos jurídicos, éticos, son reiteradamente violados por la Administración federal.
Ayer Mural publicó que mientras en el 2013 el gobierno federal reportó un gasto de 485 millones 600 mil pesos en propaganda, durante los primeros 10 meses del año, para 2014 la partida se elevó, en el mismo lapso, a mil 908 millones de pesos.
La propaganda en medios de comunicación es utilizada por el gobierno como una sutil forma de control y de censura.
